Para que mis hijos visiten España

Borja Brañanova

¿Qué ocurre?

A los pies de uno de los símbolos de la opulencia de DubáiSebastián y Olaya juegan con su padre. Vienen de cantar una asturianada que han aprendido a 7500 kilómetros de Luarca y de patear la ciudad vestidos con las camisetas del Madrid y de la selección española, talla infantil, claro. Juegan y cantan en inglés con su madre y en español con su padre. Sin embargo, algo raro ocurre: pueden viajar con su madre a Sudáfrica, pero no con su padre a España… a pesar de ser españoles.

Esta es la historia de dos niños a los que las autoridades de Emiratos Árabes Unidos impiden viajar a su país y sobre los que España no actúa por «respeto a la independencia judicial» de Dubai.

Borja Brañanova es un ingeniero de Minas que, tras 14 años en Emiratos, hoy es el responsable del servicio de ascensores del aeropuerto de Dubai. Hace años conoció allí a una sudafricana, se casó y tuvo dos hijos para los que logró la nacionalidad española.

Ahora está en proceso de divorcio y se topa con un sistema judicial que ha permitido a la madre viajar a su país con los niños, pero se lo ha negado tres veces a él. Y nadie sabe por qué. «No hay una exposición razonada de la negativa. He pedido tres veces ir unos días de vacaciones con ellos facilitando las fechas de ida y vuelta, y después de muchos meses aún no sé por qué no puedo viajar con los críos a España para que conozcan su país y su familia».

Este experto en administración de empresas ha pasado un buen pellizco de 2017 y 2018 pisando juzgados, notarías, organismos emiratíes y embajadas para intentar un desbloqueo del asunto. Cuando los abogados locales que contrató le dijeron que la vía judicial interna se había agotado, Brañanova buscó ayuda fuera del país. Y halló a Pilar Bueno, abogada y vicesecretaria general de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE). «Percibimos vulneración de derechos. No nos metemos en el divorcio, ni pedimos a España que lo haga. Lo que queremos es que España pregunte a Emiratos por qué no deja venir a los niños. España está obligada a dar protección a sus nacionales migrantes».

Bueno envió una carta a la Embajada española en Abu Dabi, la capital de Emiratos, el 17 de mayo. La misiva reflejaba las denegaciones «sin justificación alguna» y enumeraba una serie de lesiones de derechos: «A la familia», «a preservar su identidad y nacionalidad sin interferencias», «a que no se les separe de su padre» y «a regresar al país de su nacionalidad». La abogada pedía al embajador que preguntara por el motivo de las denegaciones a dos instituciones emiratíes. El 29 de mayo, Bueno envió una copia de la misma carta a Maitha Alshamsi, directora de la Autoridad de Desarrollo Comunitario, un ente que vela por los Derechos Humanos.

La Embajada no contestó, pero Alshamsi sí. Y pronto, el 2 de junio: «Comprendo la frustración del señor Brañanova, pero nosotros no podemos interferir en la jurisdicción del juez hasta que el asunto haya sido revisado por el tribunal». La Autoridad recordaba que había aconsejado a Brañanova elevar una queja si creía que había habido una «mala conducta o alguna violación de las leyes» de EAU.

A finales de ese mes, el día 25, la directiva de la APDHE subió de nivel y expuso el caso al Ministerio de Asuntos Exteriores. En dos cartas, Bueno informaba del silencio de la Embajada, narraba el caso, insistía en que no tenía que ver con el divorcio y subrayaba que ni Brañanova ni su aún esposa son emiratíes, por lo que, en lo que respecta al asturiano, «se aplica la ley española y el vigente Código Civil español».

El Ministerio respondió. Y rápido. El 2 de julio, la Subsecretaría de Asuntos Consulares afirmó que la Embajada está en «permanente» contacto con Brañanova y que le había aconsejado contratar un abogado local, dado que el sistema judicial emiratí es «muy estricto» en el ámbito de la «independencia judicial».

Un párrafo después, Exteriores ofreció la razón que probablemente mantenga esta historia detenida: «Es imposible que nuestra Embajada intervenga en un proceso judicial en curso, no sólo por respeto a la independencia judicial, sino, sobre todo, por lo perjudicial que sería para su cliente una intervención de nuestra Embajada que pudiera ser percibida como una injerencia indebida».

La respuesta de la abogada fue también veloz y el 5 de julio envió al Ministerio un puñado de noticias: la Embajada nunca contestó; Brañanova tenía un abogado local antes de que se lo sugiriera la diplomacia española, y la letrada no quiere intervenir en el divorcio ni pide a España que lo haga, sino que plantea una vulneración de derechos de los niños. La carta de Bueno decía que el abogado local informó a Brañanova de que la Oficina del Emir «solo atiende peticiones y/o quejas de embajadas y/o consulados, y no de particulares».

Hoy todo sigue donde estaba. No ha habido reunión. Ni más cartas. Ni preguntas a Dubai. Al otro lado del mundo, Borja Brañanova sigue queriendo enseñarle Asturias a sus hijos: «Nuestros representantes deben distinguir entre interferir en la justicia o intervenir para solicitar justicia. Pido colaboración y no confrontación».